En la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) celebrada en El Cairo en 1994, la comunidad internacional acordó asignar anualmente las sumas de 18.500 millones de dólares para 2005, 20.500 millones de dólares para 2010 y 21.700 millones de dólares para 2015, con destino a programas de población y salud reproductiva en los países en desarrollo. Las dos terceras partes de esa suma serían aportadas por los propios países en desarrollo mientras que la tercera parte restante, por donantes externos.
En un principio, tanto los donantes como los países en desarrollo tuvieron un buen desempeño y alcanzaron las metas fijadas en la CIPD para 2005. Pero en 2009, la Comisión de Población y Desarrollo, de las Naciones Unidas, actualizó y recalculó el aumento del costo del conjunto de medidas previstas entre los objetivos de la CIPD. Esa revisión fue necesaria puesto que los costos y las necesidades de asegurar el logro de los objetivos de la CIPD habían cambiado durante los primeros 15 años de existencia y para 2009 era evidente que los actuales niveles de financiación no bastan para que la comunidad internacional pueda alcanzar el ODM5 (reducción del 75% en la tasa de mortalidad derivada de la maternidad en los países en desarrollo).
A medida que nos acercamos al plazo fijado originariamente en el Programa de Acción, aún existen graves déficit en la financiación de cuestiones de población necesaria para alcanzar los criterios indicados, y esto dificulta que los países proporcionen la información, los servicios y los productos necesarios a fin de alcanzar los objetivos de la CIPD para 2015.
En el pasado decenio, la comunidad internacional no ha acordado a la financiación para servicios de salud reproductiva, en especial los de planificación familiar, la importancia que merece. El gasto en servicios de salud reproductiva ha ido aumentado sostenidamente, pero a un ritmo mucho más lento que el del aumento de la financiación destinada a las enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA. Y actualmente, el gasto en planificación familiar no es superior al registrado cuando se celebró la CIPD. En consecuencia, los fondos destinados a salud reproductiva y planificación familiar están muy lejos de mantenerse al mismo ritmo que el aumento de las necesidades de la creciente cantidad de parejas que alcanzan la etapa de procreación en los países en desarrollo. Se estima que hay más de 215 millones de mujeres que no tienen acceso a los anticonceptivos modernos a los que aspiran.
En respuesta a esos desafíos, la comunidad internacional adoptó dos importantes medidas en 2010:
Las Naciones Unidas dieron a conocer en 2010 la Estrategia Mundial para la Salud de la Mujer y el Niño, en momentos en que se celebraba la Cumbre de líderes de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y se recibieron promesas de contribuciones por aproximadamente 40.000 millones de dólares EE.UU. con destino a la salud de la mujer y el niño y el logro de los ODM 4 y 5 (reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna).
Ese mismo año, durante la 36º reunión en la cumbre del Grupo G-8 se anunció la Iniciativa de Muskoka para la salud de la madre, el recién nacido y el niño, en virtud de la cual los países miembros se comprometieron a aportar colectivamente, entre 2010 y 2015, un importe adicional de 5.000 millones de dólares EE.UU. a fin de acelerar el progreso hacia el logro de los ODM 4 y 5.
En 2012, el gobierno del Reino Unido y la Fundación de Bill y Melinda Gates fue sede de una Cumbre de planificación familiar, donde se recibieron promesas de contribuciones de los donantes por 4.600 millones para brindar acceso a servicios de planificación familiar a 120 millones más de mujeres en muchos de los países más pobres para 2020. Esto incluyó 2.000 millones de países en desarrollo y 2.600 millones de gobiernos donantes y otros socios.
Aun cuando esas medidas son claras y están bien orientadas, actualmente el seguimiento por los parlamentarios es más necesario que nunca para asegurar que las acciones de los líderes mundiales coincidan con sus palabras. Además, mientras los países en desarrollo, considerados en su conjunto, están logrando adelantos en cuanto a aportar recursos nacionales a sus programas de población, los países más pobres siguen dependiendo por completo de la asistencia externa; no podrán satisfacer las necesidades de sus poblaciones a menos que los donantes acrecienten su apoyo.
Pero los países en desarrollo no solamente necesitan asistencia financiera. Otro importante desafío para promover el Programa de Acción de la CIPD es la necesidad de crear y fomentar en el marco nacional un entorno propicio para las cuestiones de salud y derechos sexuales y reproductivos (SRHR). Esto puede lograrse aprobando y mejorando leyes, políticas y programas sobre población y desarrollo. En el pasado decenio se han logrado sustanciales adelantos en esas esferas.
Por ejemplo, un 96% de los 151 países que respondieron en 2004 a la encuesta mundial del UNFPA mencionaron medidas encaminadas a integrar las cuestiones de población en las políticas y estrategias de desarrollo.
La omisión parcial de la salud reproductiva en los ODM originarios y su inclusión en 2005 en correspondencia con el ODM 5b también demuestran la importancia que ha cobrado esta cuestión en la comunidad internacional y, al mismo tiempo, los desafíos que esta cuestión enfrenta por parte de las fuerzas conservadoras.
No obstante, muchas leyes y políticas, aun cuando mejoran la situación, todavía no están preparadas para la tarea. En muchos países, la aplicación de las leyes y políticas vigentes sigue tropezando con dificultades. Más de 358.000 mujeres pierden la vida cada año debido a complicaciones del embarazo y el parto susceptibles de tratamiento. En los países en desarrollo, el crecimiento de la población, sumado a un mayor consumo de los recursos por las poblaciones en mejor situación económica, sigue contribuyendo a acrecentar el estrés a que está sometido el medio ambiente mundial. Obviamente, es mucho más lo que debe hacerse en los próximos tres años para alcanzar todos los objetivos de la CIPD.
Que podamos o no subsanar las deficiencias en la financiación y en las leyes y políticas, y que podamos o no alcanzar los objetivos de la CIPD y los ODM para 2015, depende de la voluntad política de los gobiernos de países tanto desarrollados como en desarrollo. El firme apoyo de los parlamentarios tiene importancia crítica para propiciar esa voluntad política. La conferencia de IPCI también será crucial para mantener viva la cuestión y conservarla en la corriente principal del discurso parlamentario en todo el mundo, tanto ahora como en el futuro.